El Gobierno convocó a los técnicos de la UIA para cumplir con la promesa que la presidenta Cristina Fernández le hizo a la industria días atrás: avanzar en una nueva ley de Riesgos de Trabajo que ponga fin a la gran cantidad de juicios que están recibiendo las empresas por accidentes laborales. Según los cálculos de la entidad, existe un stock de 60.000 juicios que implican un costo de u$s 1800 millones, de los cuales un tercio corresponde a honorarios.

El eje del debate en torno a esta norma es gira en torno a la “doble vía”, es decir, que si un trabajador tiene un accidente dentro del ámbito laboral no sólo tiene derecho a recibir la indemnización de la ART sino que también, en muchos casos, inician un juicio civil contra el empleador. Si bien el artículo 39 de la ley 24.557 –de Riesgos de Trabajo– lo prohibe, la Justicia falló en reiteradas oportunidades contra la ley y en favor de los empleados. Esta doble vía es la que quiere eliminar el sector empresario, que considera que si las compañías pagan el costo de tener asegurados a sus trabajadores ante la eventualidad de un accidente, no pueden luego iniciar un juicio a la empresa por la vía civil. Desde el sector sindical, por su parte, abogan por que sea acumulativo.

La expectativa de la UIA es que el Gobierno tenga en cuenta las recomendaciones de la entidad y se consensúe un proyecto que garantice previsibilidad en materia legal. Si bien la entidad reclama una nueva norma desde hace varios años y nunca se logró avanzar –ni siquiera en 2006, cuando desde la cartera laboral se definió un borrador de proyecto–, los industriales tienen hoy más esperanzas de que se avance en el tema.

La Presidenta les aseguró a los industriales, en el festejo del Día de la Industria, que había “intimado” al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a trabajar para “poder arribar a un proyecto consensuado” y también manifestó su deseo de que “la Justicia no fomente más la industria del juicio”. Estas palabras tranquilizaron al establishment, quien ayer también recibió una nueva señal del Gobierno en este sentido.

En un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), el jefe de Gabinete, Sergio Massa, les recalcó a los empresarios que “es una decisión de la Presidenta tener definitivamente una ley de Riesgos de Trabajo”. “No es posible que hoy tengamos incertidumbre para el empleador y para el trabajador. Cada juicio que se genera es una pyme que quiebra, o cierra. La ley debe ser equilibrada”, enfatizó el funcionario, quien fue interrumpido por efusivos aplausos.

Fuentes de la cartera laboral manifestaron que “se avanzará en un nuevo marco legal sobre la base del viejo proyecto”, que había diseñado el equipo de Tomada en 2006 y que no había logrado los consensos necesarios. “No compartimos ese proyecto, pero si trababan sobre esa base y le hacen modificaciones, podemos aceptarlo”, enfatizó una alta fuente de la UIA, quien se mostró confiado en que esta vez habrá un avance.

Los industriales estarían dispuestos a pagar un costo mayor por la prestación de la ART y permitir así una suba de la cobertura, pero si ello garantiza que el caso queda cerrado, dijeron en la entidad. Por otra parte, también proponen que se elimine el in itinere –accidente ocurrido cuando el trabajador se dirige de su casa al trabajo o viceversa– para disminuir el mayor costo que significaría la suba de las prestaciones. “No podemos socializar un riesgo que no es de la empresa. El riesgo de la calle está lejos del control del empleador”, señalaron en la UIA.